Han transcurrido casi 15 años desde este infausto suceso tecnológico, y la ONP aún no consigue ser racional con el pago de pensiones. Por un lado, el trámite para la obtención de una pensión puede demorar más de un año, lo que ha derivado también en que la ONP tenga más de 100,000 juicios por reclamaciones; y por otro lado, se estima que existen más de 30,000 supuestos jubilados que están recibiendo una pensión que no les corresponde, aprovechando las falencias y ausencia de controles del sistema, lo que ocasiona también un forado al presupuesto nacional.
¿Por qué la ONP no funciona y las AFPs funcionan tan bien? ¿Por qué la ONP no tiene registros individualizados de los aportantes y las AFPs les hacen llegar a todos sus afiliados mensualmente sus cotizaciones detalladas? ¿Será por las diferencias que siempre existen entre lo público y lo privado?
La respuesta está en que las AFPs son usuarios activos de la tecnología mientras que la ONP y la mayoría de instituciones estatales limitan el uso de la tecnología. Según la misma ONP, se gastan 14 millones de soles anuales en estudios jurídicos para responder a las más de 100,000 reclamaciones. Un proyecto de automatización de toda la información debiera costar entre 6 ó 7 millones de soles y podría ser tercerizado, para que sea una empresa privada sea la que brinde el servicio. Al tener un registro único y permanentemente actualizado no se requeriría que ningún trabajador presente ningún documento porque todo se encontraría dentro de los sistemas automatizados de la ONP.
Hoy las planillas de los aportes están en poder del Estado, por lo que se tiene el insumo necesario, para iniciar este trabajo. Mientras no haya información confiable y actualizada continuarán los problemas. Se requiere hacer un reingeniería tecnológica de los servicios que presta la ONP.
Adicionalmente, para toda la información que la ONP no dispone –es decir anterior al año 1992- se tienen que aplicar modelos matemáticos y estadísticos para reducir la probabilidad de fraude. Para otorgar créditos los bancos usan modelos que les permiten calcular las probabilidades de pago de cliente. No es suficiente presentar información a través de copias legalizadas, sabiendo que en Lima y en el Perú en general es muy fácil obtener un documento falsificado.
El Estado Peruano necesita una reforma, pero la primera reforma es la reforma tecnológica, con ello tendremos un Estado eficiente realmente al servicio del ciudadano.
Presidente del TRI – Instituto de Investigaciones en TecnoEconomía www.techno-economy.com